¿Ahorro o servicio público?

Ayer el diario El País se hacía eco de que el ministerio de Fomento estaría estudiando un informe de su consultora Ineco sobre la rentabilidad de parte de la red ferroviaria española - en concreto media distancia y cercanías - con vistas a tomar una serie de medidas destinadas a aumentar la eficiencia y obtener ahorros.

En circunstancias normales, la noticia - como todas de este estilo - habría que tomarla con cautela. La lógica habitual en situación de normalidad aconseja que en la toma de decisiones públicas se utilice como base la racionalidad técnica (en este caso sustentada en la rentabilidad económica de las líneas de tren) para después sopesarla en un complejo proceso de deliberación y negociación política con los afectados; y concluir en soluciones equilibradas que evidentemente acaban lejos del punto de partida inicial. Esta es la esencia de lo que hasta estos años de crisis ha venido siendo - en parte-  el concepto de servicio público, servicios por definición deficitarios pero imprescindibles para mantener una sociedad cohesionada, justa e igualitaria.

La mala práctica política en los años de bonanza ha logrado confundir la razonable existencia de servicios públicos -deficitarios en lo económico  pero rentables en los social -con otra serie de decisiones , también irracionales pero en el peor sentido de la palabra, que llevaron a un despilfarro descontrolado de recursos disimulado de forma
buenista, populista o electoralista y nos está saliendo caro.

Tan caro que la factura de que en estas circunstancias excepcionales la lógica política se esté subordinando a la lógica técnica de la rentabilidad económica está cerrando a cal y canto la producción de intangibles como la cohesión, igualidad o justicia en aras del ahorro presupuestario. Se cierran puntos de urgencias, colegios, líneas de transporte, etc. que son "deficitarias" por el simple hecho de atender entornos rurales o de baja densidad de población , llevando a parte de la sociedad a un retroceso de décadas en términos de progreso, bienestar e igualdad de oportunidades del todo inaceptable.

Estaría bien que en toda esta locura de despilfarro primero y recortes indiscriminados después nuestros responsables políticos mantuvieran la sensatez y el sentido común necesarios para distinguir el grano de la paja, los servicios públicos que atienden necesidades ciudadanas de los proyectos faraónicos prescindibles, el despilfarro del ahorro necesario.¿Será mucho pedir?

La reforma de la reforma

Todo el mundo habla incesantemente de la necesaria reforma de las Administraciones públicas, no sé muy bien si con un mínimo criterio o simplemente por repetir una cantinela que suena bien. Lo que es seguro es que bajo este epígrafe tan solemne -"reforma de las Administraciones públicas"- se esconde un juego de ideas e intereses de lo más variado, que no siempre tienen ni siquiera que coincidir con el significado literal de lo que se habla.

Hablar de reformas en la Administración no es algo demasiado novedoso. Desde que tengo uso de razón intelectual vengo oyendo hablar de una u otra política de reforma administrativa. Algo que no debería sorprender si se entiende reformar como cambiar, mejorar, innovar, relanzar o renovar. La adaptación permanente como algo innato al propio ADN de cualquier organización.

Pero reformar también puede significar reducir, recortar, empobrecer, retroceder o precarizar. Por ello es preciso que desde un primer momento cualquiera que pretenda pilotar un proceso de este tipo o todos aquellos que lancen sus propuestas u opiniones sobre el mismo desvelen de forma transparente cuál es el objetivo final de lo que se pretende. ¿El objetivo estratégico es tener una mejor Administración? ¿Reducir costes sin más? ¿Las dos cosas juntas? ¿El objetivo es recentralizar o descentralizar? ¿O defender / desmontar los intereses de determinados colectivos? ¿Hacer algo o no hacer nada pero aparentar lo contrario?

Este sería el punto de partida. El punto de llegada los resultados de un plan preciso, de no muchos puntos pero factibles, con acciones a realizar valoradas en plazo y coste de cada una de ellas. El problema es que no es tan sencillo definir ese punto de partida, o simplemente no interesa. O incluso que el propio proceso de reforma se viera también afectado por sus  reformas propias o contrarreformas.

El galimatías por tanto está servido, todo el mundo opina pero pocos saben qué resultados va a ofrecer. Si es que se visualiza alguno.

Lo público, ¿por qué?

Hace unos días publicaba en esta bitácora una reflexión acerca de este pensamiento generalizado que otorgando tan poco valor a lo público en relación a su supuesto coste llega a la conclusión de cuestionar incluso su necesidad.

Muchos son de la opinión de que público sobra, lo digan expresamente o lo mantengan en el subconsciente. A todos ellos van dirigidos estos diez motivos sobre el por qué de lo público:

1. Lo público articula las relaciones sociales y económicas, armoniza intereses contrapuestos.
2. Lo público vertebra cualquier territorio.
3. Lo público dota de cohesión a la sociedad.
4. Lo público contribuye a la equidad y a la justicia social.
5. Lo público puede suponer un motor económico, en determinadas circunstancias y determinados sectores.
6. Lo público contribuye a la competitividad y al progreso.
7. Lo público es clave para la mejora de los índices de desarrollo humano y bienestar en términos de salud , educación, seguridad y riqueza. 
8. Lo público equilibra los fallos del mercado y actúa en determinados segmentos "no rentables" para el mismo.
9. Lo público proporciona las redes de protección
10. Y por último lo público es (sobre todo) el valor de lo intangible

 
Es por todo lo anterior por lo que lo público es imprescindible. A todos aquellos que tienen puestas las gafas del "economicismo" (lo único que tiene valor es lo que genera un beneficio económico) les convendría recordarlo.

Lo público, sobra (?)

Se llama efecto "exposición” a aquel por el que lo que más se ve, se convierte en lo que más  gusta y al final acaba siendo lo comúnmente considerado como natural. En términos de comunicación, sería aquello de que para convertir algo en opinión generalizada y verdad absoluta no hay más que repetirlo y repetirlo para que a fuerza de dicha repetición el efecto acabe lográndose.

Vivimos tiempos en los que la ciudadanía ha hecho suyas, a modo de dogmas inmutables, afirmaciones del tipo: "lo público supone un gasto innecerario", "lo privado es más eficiente y funciona mejor ", "los políticos son unos corruptos", "las Administraciones están pobladas de funcionarios vagos e improductivos", "todo el personal laboral es un enchufado", "sobran miles de empleados públicos", etc.....

Curiosamente son esos mismos ciudadanos los que en encuestas sociológicas valoran de forma positiva muchos de los servicios públicos y se quejan cuando cuando de forma directa le afecta el cierre de un quirófano, el mayor tiempo de espera en el metro, o la falta de apoyo a un familiar dependiente.

Esta paradoja se explica  por una suma de causas que todas ellas tienen en conjunto un efecto perverso. Por un lado la insuficiente capacidad de pensamiento crítico de una ciudadanía a la que resulta más fácil la compra de titulares mediáticos que el análisis de matices e impactos . Por otro, el desprestigio de lo público (nada casual, por cierto) realizado desde estamentos con claras intenciones en sustituir el interés general por intereses particulares. Por último, el granazo de arena con el que han contribuido desde hace décadas una función pública más pendiente de sus intereses de clase que del bien común al que teóricamente deben servir.

Hoy  ante la pregunta "lo público, ¿sobra?" probablemente nos encontraríamos con una mayoría de respuestas afirmativas. El problema de este estado de opinión generalizado que estigmatiza lo público, a priori, deja el camino expédito a políticas destinadas al recorte y adelgazamiento cuyo efecto no puede ser otro que un sector público marginal o Administración low-cost. Un camino cuyas consecuencias son imprevisibles y de difícil marcha atrás.

Resetear nuestras #AAPP

Innovar requiere sobreponerse al freno importante de la autocomplacencia y del " de esto no hay nadie que sepa más que yo" . Sabemos bastante de ello en unas Administraciones públicas sometidas a una vieja pero arraigadísima cultura burocrática en la que un rol de lo público como figura preminente en las dinámicas económicas y sociales junto a legiones de empleados públicos (fijos o eventuales, políticos o funcionarios) incapaces en no pocas ocasiones de mirar más allá de la ventana de sus palacions administrativos forman un cóctel explosivo.

Mal vamos mientras desde la propia Administración no se entienda que la actual sociedad en red poco o nada tiene que ver con el esquema social tradicional basado en jerarquías y en funciones perfectamente delimitadas.

Mal vamos mientras que desde las propias instituciones no se entienda que dentro de dicha sociedad , la institución es un nodo más en un enjambre inestable de relaciones, y que sólo desde la colaboración leal y abierta con el resto de actores es posible abordar complejos problemas sociales. 

Mal vamos mientras que los que dirigen las Administraciones no asuman que el cambio no pasa tanto por una frenética actividad legislativa sino por el ejercicio de liderazgos transformadores en el día a día que aborden de una vez por todas el necesario cambio cultural que se precisa. Y que para que dicho cambio se produzca invertir en la capacitación de sus profesionales es fundamental.

Mal vamos mientras que los empleados públicos no entiendan que aprobar una oposición y pasar por un determinado número de puestos no da la sapiencia absoluta. Mientras no entiendan que son ellos  los que deben autorresponsabilizarse y tomar las riendas de su carrera profesional, preocuparse por su aprendizaje, entender que la sociedad  demanda competencias que van más allá de la cotidianiedad de la práctica administrativa y que no pueden esperar pasivamente que sea su institución quien se ocupe de este aprendizaje. En los tiempos que corren dar un paso al frente es necesario y más aún teniendo en cuenta que la propia razón de ser del empleo público debiera llevar implícita una exigencia suprema de profesionalidad y capacitación. 
 
Todas estas inercias suponen un pesado lastre para las posibilidades de innovar en lo público y consecuentemente de avanzar para este país. Resetear y cambiar el chip es una obligación
.

Comisión para reforma de AAPP: ¿hay alguien ahí?

Algunos recordaréis que hace meses se anunció solemnemente la puesta en marcha de una comisión para la reforma de las Administraciones públicas, cuya primera medida - anunciada a bombo y platillo- fue un decreto para la reordenación del Parque Móvil del Estado y quitar de la circulación algunos coches oficiales.

De aquel momento a esta parte poco o nada hemos sabido de cómo están progresando sus trabajos, salvo que se suceden las reuniones interministeriales (a diferente nivel) , y otras con comisiones de expertos, asesores, etc. de sociedad civil y grupos profesionales. El resultado, previsto para finales de junio, debe ser un prolijo informe que (suponemos) abordará grandes aspectos sobre los que el gobierno deberá actuar en los próximos meses.

Las dudas se incrementan cuando vemos que el propio gobierno, en paralelo, ha puesto sobre la mesa otros planes concretos de reforma por cauces ajenos a los de la propia comisión.

Por ejemplo, el Plan Estratégico de Mejora de la Administración, impulsado por la dirección general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la AE, para el periodo 2012-15 que pretende abordar aspectos como: 1) racionalizar la arquitectura orgánica de la AGE (se promete una  nueva LOFAGE para 2014) , 2) simplificar y reducir cargas administrativas para ciudadanos y empresas a través de la AE, y 3) impulsar la colaboración interadministrativa.

Por otra parte está sobre la mesa la reforma de la Administración local , cuyo anteproyecto - del que ya veremos qué queda al final - sigue su curso legislativo levantando no pocos escollo. Un plan en el que (simplificando mucho) se abordan aspectos clave sobre la naturaleza, prestación y financiación de los servicios públicos más próximos al ciudadano (los municipales) o el reparto de competencias entre Administraciones bajo el principio "una competencia, una Administración".

Curso diferente siguen los anteproyectos de ley de empleado público de la AGE y el Estatuto de la Dirección Pública Profesional que aparecen y desaparecen de las declaraciones políticas cuales ojos del Guadiana. Teniendo en cuenta que irán en la línea de las medidas tomadas hasta el momento en el ámbito de función pública (en clave de recorte más que de reforma) estarán reservándose para ocasión más propicia según las nuevas exigencias que marque la
consolidación fiscal.

Por tanto, ¿qué margen le queda a la famosa Comisión? Redundar en lo ya ofrecido por otros planes (p.ejem, inistir en la reducción de cargas o  eliminación de organismos públicos y empresas en la AGE) o entrar de lleno en un nuevo frente, complicado, espinoso, de resultado incierto : la reforma del entramado institucional del conjunto del Estado. Una misión de demasiado nivel para una simple comisión de altos funcionarios.

Mayor transparencia en 10 ideas

El otro día hablaba con unos amigos sobre transparencia. Después de un largo debate, uno de ellos me lanzó una pregunta muy directa: ¿qué aconsejarías a quienes tienen la responsabilidad de hacer más transparente su organización?  He aquí mi respuesta:



1. Créetelo. Si no lo haces no sigas leyendo este decálogo. Hoy que hay "watchdogs" por todas partes la transparencia de boquilla se caza a la legua y dañará tu credibilidad de forma inmediata e irreversible.

2. Conversa con tus ciudadanos o tus clientes. Hazlo continuamente y de igual a igual. Es la única forma que te vean accesible y transparente.

3. Abandona tus temores (porque hoy se pide a gritos) Es mejor hacer algo que no hacer nada. No pises el freno antes de poner en marcha el vehículo de la transparencia.

4. Plantea la premisa que por defecto la información es accesible. Busca siempre la interpretación de la normativa que mejor encaje en este sentido.

5. Encaja las críticas y toma nota. No te metas en el caparazón si algo no se está haciendo bien.

6. Tiende la mano para que los implicados participen en políticas y definición de servicios. Y si no lo hacen sigue insistiendo. La mano siempre tendida.

7. Retroalimenta cada pequeño paso. Es la única forma de ganar credibilidad y confianza.

8.  Convence a la tecnoestructura de tu organización. Aunque sea una de las tareas más difíciles - y a la que más tiempo tendrás que dedicar- el viento sopla a tu favor.

9. Gestiona el timing: los ciclos no duran una eternidad y este tampoco. Anticípate. Lo único seguro es que lo que hoy se ve con dudas, mañana será una obviedad que todo el mundo dará por hecho.

10. Cuando hayas trabajado todo lo anterior, (entonces sí) planteate qué herramientas vas a utilizar.

Castas administrativas y emprendimiento

El presidente de los empresarios españoles, Joan Rosell, no es de los que va haciendo amigos con sus declaracoines. Conocidas son algunas de ellas - no siempre afortunadas- sobre el funcionamiento de las Administraciones públicas. El domingo volvió a manifestar su visión sobre algunas de las patologías que acechan al sector público cuando  Jordi Évole -en el programa Salvados- le preguntó sobre los obstáculos que encuentra el emprendimiento en nuestro país. Se refirió Rosell a que la Administración más que facilitar lo que hace es complicar las cosas, enrocándose en una burocracia procedimiental enrevesada cuya única finalidad sería el mantenimiento del statu-quo de determinadas tecnoestructuras administrativas.

Es justo reconocer que en esta ocasión tiene su parte de razón. El mantenimiento del poder burocrático es una de las esencias de determinadas castas funcionariales. Frente a  impulsos reformistas o innovadores que puedan venir de políticos o intraemprendedores la trituradora administrativa ,hábilmente manejada por la tecnoestructura, ejerce su acción implacable. Algunos ejemplos son de sobra conocidos: las reformas de Jordi Sevilla en materias de empleo público (EBEP) u organización administrativa (agencias); o los bloqueos internos que se plantean al desarrollo de la Administración electrónica desde el ámbito de los procedimientos.

Siendo las inercias poderosas es preciso no cejar en el esfuerzo. La legitimidad del sector público está en juego y correspondería a los propios guardianes de las esencias administrativas ponerse al frente del proceso innovador. La innovación pública o viene de la mano de los profesionales o quedará en agua de borrajas; lo cual es algo que España como país y los ciudadanos como sociedad no nos podemos permitir.

Es preciso pues resetear estructuras y vicios administrativos. Se requieren empleados públicos dotados de nuevas competencias para actuar en la sociedad en red. Creatividad, riesgo, gestión del cambio, inteligencia colaborativa, emprendimiento, flexibilidad o adaptabilidad son ya exigibles en el sector privado y también lo serán en lo público. La responsabilidad y complejidad de lo que tienen entre manos sus profesionales no es menor.